SANTO DOMINGO.- Tres de cada diez personas sufren algún trastorno mental en la República Dominicana, país donde la tasa de suicidio se dispara cada año, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en adolescentes.
Los especialistas advierten que nadie está libre de sufrir depresión, ansiedad, delirios u otro trastorno mental. Sin embargo, lo más probable es que el seguro de la mayoría de los dominicanos no cubra servicios de salud mental, tales como consultas, medicamentos o internamientos.
Esta realidad que toca cada día a más familias dominicanas sensibilizó a un grupo de legisladores que se han propuesto garantizar mediante una ley especial la gratuidad del “acceso, prevención, tratamiento y rehabilitación en materia de salud mental”. La iniciativa ya fue introducida en la Cámara de Diputados y ahora cursará un proceso de estudios y consultas.
Como parte de la socialización y concienciación de la problemática, sus proponentes iniciaron una serie de visitas para dar a conocer las bondades de la iniciativa que apunta a la trasformación del sistema de salud y a la democratización de los servicios de salud mental en el país. Ayer, se efectuó el primer encuentro con los medios de comunicación para promover el proyecto. Los diputados Aníbal Díaz, Orlando Jorge Villegas, Ramón Aníbal Olea y Sandro Sánchez presentaron las crudas estadísticas de la problemática de salud mental y las motivaciones de la iniciativa legislativa a los directores del periódico elCaribe y CDN, Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, respectivamente, y a las periodistas Yarilis Calcaño y Katherine Hernández.
El congresista Aníbal Díaz “es la voz” del proyecto, y no teme a elevar el tono para decir que el Estado históricamente ha relegado la salud mental, dándole la espalda y discriminándola.
“Tenemos una ley que establece las políticas de Estado en materia de salud mental, pero al igual que en otras naciones, los intereses económicos que están detrás de las empresas que trabajan problemas de salud, hicieron que se dejara fuera de la ley el financiamiento del acceso, tratamiento, rehabilitación e internamiento” deplora.
Explica que un internamiento promedio de 10 a 14 días en las tres clínicas que más acceso tiene la clase media popular, ronda los 300 mil pesos. “Estamos aportando esta herramienta que va a trabajar directamente para que sea liberado y que sea incorporado al catálogo de prescripciones por el sistema de salud la psiquiatría y la psicología. Hay algunas ARS que te lo permiten en los planes de categoría mayor, por eso es que digo que es un tema de hasta discriminación económica. Esta ley lo que va es a modificar el catálogo y democratizar el acceso”, apuntó.
“En la República Dominicana tenemos una ley de Seguridad Social que de hecho en este momento es parte de una restructuración que tiene un pasivo social acumulado muy alto en función de los aspectos económicos, piensa la gente, sin embargo el mayor pasivo que tiene el sistema es el aspecto de la salud, y el mayor de ellos, es la salud mental”, sostuvo el también comunicador.
De su lado, el diputado y médico Ramón Aníbal Olea califica de discriminatoria la exclusión de la salud mental en el catálogo de servicios. El legislador ve en este proyecto de ley una herramienta para resarcir y honrar la deuda histórica que tiene el Estado con los enfermos mentales.
“Hubo una política de Estado discriminatoria. Podemos ver que en una ley relativamente nueva de 20 años, la 87-01 (Seguridad Social) no entra este tipo de paciente, porque los reglamentos creados para la cobertura de patologías y morbilidades, las ARS, que son las que tienen este negocio, han apartado a este paciente de las coberturas tanto del diagnóstico clínico, de los psicofármacos que deben prescribirse, pero también en el seguimiento longitudinal de esta patología”, lamenta. En tanto, Orlando Villegas consideró necesario declarar de alta prioridad la salud mental en el país y condenó que no se apoye económicamente a hogares que albergan enfermos mentales.
Destaca que esta ley especial, además de incluir la salud mental en la cobertura de los seguros, busca que se establezca como una prioridad sanitaria la atención a una problemática creciente. La misma inquietud la comparte el diputado y abogado constitucionalista y penalista Sandro Sánchez, quien precisó que muchas familias por falta de recursos abandonan a sus enfermos mentales, que luego terminan deambulando en las calles.
Concluyó la intervención con la siguiente reflexión: “Nosotros entendemos que garantizar la atención del ciudadano que tenga un problema de salud mental es garantizar el seno de la familia dominicana”.
Proyecto establece
Seguros públicos y privados deben suministrar obligatoriamente medicamentos para tratamiento de problemas de salud mental”.
DIANA RODRIGUEZ
